Reformas del PRIAN que afectaron la Soberania del País.

Esto obedeció en buena medida a los compromisos que se hacían con gobiernos y con organismos financieros internacionales; entonces, arreglaron todo el marco jurídico para beneficio de una minoría, en contra de la mayoría del pueblo.

‘En mayo del 89, al inicio del gobierno de Salinas, ‘el PRI y el PAN avalaron el Plan Nacional de Desarrollo —los dos, 1989-1994— que permitió la venta de importantes empresas públicas al sector privado’. Esa fue una acción conjunta.

‘El 27 de junio de 1990, el PRI y el PAN reformaron el artículo 28 constitucional para entregar bancos que eran propiedad de la nación, eliminando de la Constitución el párrafo que reservaba al Estado la prestación del servicio público de banca y crédito’. Estamos hablando de reformas constitucionales.

‘Tres. El 6 de enero de 1992, el PRI y el PAN modificaron el artículo 27 constitucional para poner a la venta las tierras ejidales’. Es la reforma al 27. Hoy, por esta reforma, hay enormes latifundios en manos de supuestos ejidatarios inmensamente ricos, y se despojó a miles, si no es que millones de dueños originarios de las tierras.

‘Cuatro. El 6 de mayo de ese mismo año, los legisladores del PRI y del PAN cambiaron la ley minera para entregar concesiones a particulares hasta por 50 años para la explotación de oro, plata y cobre.

‘Eliminaron los límites de la superficie que podría ser concesionada’. Podrían ser 50, 100 mil, 200 mil hectáreas.

‘Derogaron el impuesto a la extracción de minerales’. Es decir, desde mayo del 92 hasta hace como cuatro años no se pagaba impuesto por la extracción de oro, de plata, de cobre.

‘Derogaron el impuesto a la extracción de minerales y dieron lugar a la privatización de unidades y plantas mineras del sector paraestatal, como fue el caso de la histórica mina de Cananea’. Ahí se entregó, a partir de esa reforma, se entregó Cananea, que era una empresa pública.

‘Además, en ese sexenio entregaron seis millones 600 mil hectáreas de reservas mineras nacionales, la mayor parte de ellas a tres concesionarios del país: Peñoles, Grupo México y Carso. Y esta misma política continuó hasta el primero de diciembre del 2018.

‘En 36 años se concesionaron 90 millones de hectáreas, es decir, el 45 por ciento del territorio nacional. Ni siquiera en el porfiriato se llevó a cabo una enajenación de suelo patrio tan extensa y descarada.

‘Cinco. El 22 de diciembre de 1992 los legisladores aprobaron la reforma a una ley secundaria que, a contrapelo de la Constitución —ahí no fue reforma constitucional, fue una ley secundaria— permitió a empresas privadas principalmente extranjera, generar energía eléctrica.

‘Hoy —esto empezó en el 92, de manera ilegal, porque no fue reforma constitucional— hoy tales empresas venden a la Comisión Federal de Electricidad o a particulares el 46 por ciento de la energía eléctrica que se consume en el país —ahora ya es más— a precios elevadísimos.

‘Con la nueva política energética puesta en marcha por la Cuarta Transformación se están incrementando la capacidad de generación de las plantas del sector público y se detuvo el aumento en las tarifas’. Eso es lo que estamos haciendo, esto fue lo que los llevó a acusarnos allá al gobierno de Estados Unidos, con el gobierno de Estados Unidos.

Nada más un dato. Claudio X. González papá fue asesor económico de Carlos Salinas de Gortari, para entendernos mejor.

‘El 5 de marzo de 1993, el PRI y el PAN aprobaron la reforma al artículo tercero constitucional —¿quién era secretario de Educación?, Ernesto Zedillo— para limitar la gratuidad de la educación pública, acotarla sólo a nivel de primaria y secundaria, y se dejó al mercado, como si fuera una mercancía, la educación media superior y universitaria.

‘Desde entonces 300 mil jóvenes son rechazados año con año en su intento por ingresar a la educación superior. Para justificar este absurdo, se implantó la mentira de que los jóvenes no podrían ingresar porque no aprobaban el examen de admisión, cuando en realidad no había cupos para ellos en los planteles públicos por falta de presupuesto’. Inventaron de que no pasaban el examen de admisión, rechazaron cada año a miles, pues por eso no tenemos los médicos que requiere el país.

‘Siete. El 18 de marzo de 1995 la mayoría del PRI en la Cámara de Diputados aprobó el aumento del IVA del 10 al 15 por ciento.

‘Ocho. El 12 de mayo de 1995 el PRI y el PAN reformaron la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario para privatizar Ferrocarriles Nacionales de México y venderlo a empresas nacionales y extranjeras. Tan descarado fue este atraco que, al terminar su sexenio, el expresidente Ernesto Zedillo se fue a trabajar como asesor del consejo de administración de una de las empresas que se quedó con la mayor parte de la infraestructura ferroviaria del país.

‘Nueve. El 23 de mayo de 1996 el PRI y el PAN aprobaron la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, Afores, los cuales fueron entregados de esa forma a operadoras financieras privadas naciones y extranjeras, las administradoras de fondos para el retiro, Afores, y con ellos la administración sin transparencia, con altos costos por la operación y baja rentabilidad para los derechohabientes’. Esto ya lo remediamos, si no del todo, ya bajamos el costo de operación. Se pagaba más que en Argentina, que en Chile, que en Colombia, que en Estados Unidos y se hizo una reforma ya en nuestro gobierno para que se cobren menos, se llaman comisiones, sí, y les quede más a los trabajadores.

‘En su primera etapa las Afores llegaron a cobrar tres comisiones distintas: sobre el saldo en la cuenta, sobre los depósitos y sobre los rendimientos. Ahora al menos hemos garantizado a los asalariados el manejo seguro de esos fondos conformados por sus ahorros’. Y además bajamos la comisión.

‘Diez. —Este es histórico— el 12 de diciembre —diputados del PRI y del PAN aprobaron el Fobaproa —12 de diciembre de 1998— que convirtió las deudas privadas de unos cuantos empresarios y banqueros en deuda pública.

‘En la actualidad —esto es hasta el 31 de diciembre del 2018— esta deuda rebasó el billón 200 mil millones de pesos y de 1995 a la fecha se han destinado sólo para pagar intereses más de 800 mil millones de pesos del presupuesto nacional, cuando esos recursos públicos debieron utilizarse para impulsar actividades productivas, crear empleos y promover el bienestar del pueblo.

‘Once. El 8 de diciembre de 2005, ya durante el foxismo, el PRI y PAN reformaron la Ley de Impuesto sobre la Renta para conceder a las grandes corporaciones económicas y financieras el privilegio de diferir el pago de impuestos hasta por el cien por ciento de sus contribuciones.

‘Una vez consumado el fraude electoral de 2006, el 22 de marzo de 2007, el PRI y el PAN modificaron la ley del Issste y entregaron las pensiones a los trabajadores al servicio del Estado a los intereses de banqueros. Con ello, los trabajadores pagarán más por sus pensiones, al final recibirán menos.

‘Doce. El 13 de septiembre de 2007 los mismos legisladores del PRI y del PAN aprobaron un paquete fiscal, que incluyó la creación del impuesto empresarial a tasa única, y el impuesto del dos por ciento por depósito en efectivo, que más tarde aumentaron al tres por ciento’. Esto fue derogado posteriormente.

Trece. El 24 de octubre de 2008 aprobaron la ley de Petróleos Mexicanos para dar lugar al otorgamiento de contratos incentivados —así les llaman— a empresas privadas nacionales y extranjeras para la explotación de petróleo, exclusiva y hasta por 25 años mediante la asignación de áreas o bloques del territorio.

‘También resolvió improcedente un juicio de inconstitucionalidad interpuesto por legisladores progresistas, siguiendo la cronología de la ignominia. Recordemos que mediante un acuerdo político entre Calderón y Peña Nieto el 20 de octubre de 2009 los diputados del PRI y del PAN aprobaron la Ley de Ingresos en la que aumentaron el IVA del 15 al 16 por ciento, incrementando también el Impuesto Sobre la Renta del 28 al 30 por ciento y autorizaron los aumentos mensuales a las gasolinas, el diésel, el gas y la electricidad.

‘Catorce. El 2 de diciembre de 2012, al día siguiente de haber tomado posesión de la Presidencia, Enrique Peña Nieto firmó con los partidos PAN, PRI y PRD el llamado Pacto por México, en el cual se acordó profundizar en las privatizaciones del sector energético, la educación, la seguridad social y las comunicaciones, así como reformas o reformar leyes fiscales, laborales y hacendarias, todo en beneficio de la clase dominante del país y de los intereses extranjeros.

‘Poco antes, el 30 de noviembre de 2012, diputados y senadores del PRI y del PAN aprobaron la reforma laboral, que eliminó derechos históricos a los trabajadores al permitir subcontratación, el pago por horas y sin prestaciones sociales’. Todo esto está en la Constitución, algunas cosas ya la hemos ido quitando.

‘Quince. El 13 de diciembre de 2012, la Cámara de Diputados aprobó la mal llamada Reforma Educativa, que tenía como consigna someter al magisterio y avanzar en la privatización de la enseñanza. La mayoría de los senadores votó a favor de la modificación constitucional el 20 de diciembre de 2012. A partir de este momento comenzó una campaña de desprestigio, criminalización y persecución sin precedentes en la historia contra el magisterio.

‘Dieciséis. El 18 de diciembre de 2012 el Senado aprobó las reformas constitucionales en materia de telecomunicaciones realizadas a los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución. Estas modificaciones garantizan los derechos de las empresas, pero no lo de los ciudadanos, y permiten la censura previa y violan el derecho a la privacidad. Además, los legisladores dejaron fuera a las radios comunitarias indígenas y los derechos de las audiencias.

‘La Ley Federal de Telecomunicaciones creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones para regular el sector; sin embargo, éste acabó favoreciendo a los agentes económicos preponderantes’. Esto es una realidad, crearon este instituto para combatir los monopolios, dejaron al Estado sin esa facultad, la Secretaría de Comunicaciones ya no tiene nada que ver con los permisos para la radio, para la telefonía, para la televisión, y crearon ese instituto.

Pues ese instituto está controlado por los llamados agentes económicos preponderantes. Se supone que se creó para combatirlos, para combatir a los monopolios, pero tiene más fuerza un agente económico preponderante, por esa reforma constitucional, que el presidente de la República.

Eso es para que tengamos en cuenta lo que significaron estas reformas constitucionales. Por ejemplo, no podemos nosotros tener una concesión del Estado para que haya internet gratuito en todo el país, no podemos, sólo donde no hay nadie que dé el servicio porque, si no, hay competencia desleal. El Estado no se puede meter, solo tienen que ser los particulares.

En octubre del 2017 el Senado aprobó nuevos cambios a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión que fueron considerados un retroceso democrático, se nulificó el derecho de las audiencias, pues se eliminó la facultad de la Secretaría de Gobernación de supervisar los contenidos y velar por el cumplimiento de los derechos constitucionales. En los hechos se dejó sin sanción el incumplimiento del respeto a los derechos de las audiencias infantiles y a la diversidad, y se omitió la obligación de observar un lenguaje no sexista y de no promover la violencia’. No se puede regular. Esa reforma la hicieron ellos.

‘Dieciocho. El 17 de octubre de 2003 la Cámara de Diputados aprobó la reforma hacendaria, que significó cobrar más impuestos a la mayoría de los contribuyentes, manteniendo los privilegios —esto sí lo cambiamos, síguele— fiscales para las grandes empresas y los bancos’. Esto sí, de las pocas reformas constitucionales que tuvimos suerte de que se aprobaran, porque se reformó el artículo 28 y está prohibida la condonación de impuestos, porque no pagaban impuestos los grandes o si pagaban se les devolvía.

‘La reforma aprobada por el legislativo y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2013 fue modificada por la Presidencia mediante dos decretos del 26 de diciembre de 2013. En ellos se estableció que el ejecutivo tenía facultades para ejercer en la práctica un poder determinante en la definición de la política tributaria’. O sea, el presidente podía quitar impuestos.

‘El artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, Cámara de Diputados, lo habilita para condonar o eximir total o parcialmente el pago de contribuciones y accesorios, y para conceder subsidios o estímulos fiscales’. Pues por eso no pagaban. ‘Y eso es exactamente lo que hizo ya el presidente Peña, otorgando estímulos fiscales a la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación, y acordar diversos beneficios a otros sectores.

‘Diecinueve. No conforme con el avance de las privatizaciones de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, el 11 de diciembre de 2013 los senadores del viejo régimen aprobaron la reforma energética para entregar el 20 por ciento del potencial petrolero del país a empresas, particulares nacionales y extranjeras, y permitir el aumento ilimitado de la participación privada en la generación de electricidad.

‘No dejo de señalar que cuando se aprobó esta reforma solicitamos, de conformidad con el artículo 35 de la Constitución, una consulta ciudadana para recoger la opinión del pueblo sobre este importante asunto de interés nacional. Sin embargo, luego de reunir más de tres millones de firmas y cumplir con todos los requisitos, los ministros de la Suprema Corte —que ya estaban arreglados— demostrando su lealtad a los mandamases, declararon improcedente nuestra fundada petición’, eso tampoco se olvida.

‘En fin. Durante el periodo neoliberal las leyes se aprobaron por consigna y a modo en el sentido que exigían los potentados, políticos, funcionarios y legisladores para beneficio de particulares, sin importar el interés público’.

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